Notas de Prensa

El Gobierno manifiesta su compromiso con la igualdad y contra la discriminación por causa de la orientación sexual o identidad de género

  • Acuerdo en el Consejo de Ministros
  • Aprueba una Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia
  • El texto recuerda que la Constitución española consagra el derecho fundamental a la no discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
 
16 de mayo de 2014. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Exteriores y Cooperación, ha aprobado hoy la siguiente declaración con motivo de la celebración del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, mañana, 17 de mayo:
 
“El 26 de junio de 2009 el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia coincidiendo con la conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990. En consecuencia, desde 2010, el Gobierno de España ha venido adoptando una declaración institucional anual coincidiendo con la celebración de este día para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de la discriminación, la violencia y el odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.
 
La Constitución Española proclama en su artículo 10 que “la  dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, declara en su artículo 14 el derecho fundamental a la no discriminación de todas las personas “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social”.
 
Desde su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, el Gobierno de España manifiesta un año más su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia.
 
La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género es una de las prioridades de España en materia de derechos humanos tanto en su política interior como exterior. Por este motivo el Gobierno viene impulsando acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional que contribuyen a erradicar definitivamente cualquier discriminación por estos motivos.
 
En el ámbito internacional, España defiende en diversos foros la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación. Esta defensa resulta imprescindible en un contexto en el que la penalización de una determinada orientación sexual en algunos países lleva a intolerables violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido a tortura y a otros tratos inhumanos o degradantes, así como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
 
En este sentido, el Gobierno de España desempeñó un papel muy activo durante el proceso de elaboración de las líneas directrices para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2013; celebró y apoyó el lanzamiento en julio de 2013 de la campaña “Libres e Iguales”, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; participa activamente en el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y recomendaciones en aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT; y ha venido expresando su condena ante las últimas medidas legislativas emprendidas en algunos países que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual y/o identidad de género.
 
En el ámbito nacional, el Gobierno ha seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
 
Se está trabajando para prevenir y luchar contra la homofobia y la transfobia, dos de las formas de odio y discriminación más extendidas, mediante acciones de información, formación y sensibilización.
 
Por otra parte, el 20 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, dando traslado del mismo al Congreso de los Diputados. El Proyecto de Ley refleja el rechazo radical a todos los actos de incitación a la discriminación, odio o violencia de que puedan ser objeto cualesquiera colectivos o minorías (delimitadas por la raza u origen nacional, pero también por razones de orientación sexual, identidad de género o motivos políticos, incluyendo los actos de incitación al odio o a la violencia por motivos ideológicos), modificando y reforzando la tipificación penal de estas conductas.
 
Asimismo, desde el Ministerio del Interior, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se recogen desde el año 2013 datos relativos a los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género, lo que permite contar con una aproximación más certera a la extensión y características de estos fenómenos.
 
En este sentido, es también un importante avance,la delegación del Fiscal General del Estado en favor de un Fiscal de Sala de aquellas competencias necesarias para coordinar, a nivel nacional, la actuación del Ministerio Fiscal en materia de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, y la designación de fiscales delegados en cada capital de provincia para impulsar y coordinar la actuación del Ministerio Fiscal ante los crímenes de odio y discriminación por, entre otros motivos, la orientación sexual e identidad de género.
 
Cabe destacar, en particular, que la convocatoria para 2014 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas incluye entre sus novedades la posibilidad de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación o crímenes de odio, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de género.
 
También reviste gran trascendencia el compromiso del Gobierno en la lucha contra la intolerancia en el ámbito escolar, conforme al mandato del artículo 27.2 de la Constitución, especialmente en los centros de educación secundaria, con el objetivo de promover el respeto a la diversidad sexual.
 
Por último, cabe recordar una vez más el firme compromiso del Gobierno para incrementar sus esfuerzos en el ámbito nacional e internacional, para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan ejercer plenamente sus derechos con dignidad y libertad.