Notas de Prensa

El INGESA firma un contrato con el Banco de Desarrollo Europeo para la mejora de la atención sanitaria a migrantes y refugiados en las ciudades de Ceuta y Melilla

  • El Banco de Desarrollo Europeo concede una subvención de 1.150.000€ al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)

  • Se llevarán a cabo dos proyectos: uno de apoyo a la identificación de pacientes mediante la huella digital y el iris; y un segundo, de carácter asistencial, centrado en mejorar la promoción de la salud

3 de diciembre de 2018.-  El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha firmado este mediodía un acuerdo con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) por el que el Banco concede una subvención de 1.150.000 euros para la mejora de la atención sanitaria a migrantes y refugiados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las actuaciones a realizar se enmarcan en dos subproyectos. El primero, de apoyo a la identificación de pacientes, mediante la huella digital y el iris, que aporte seguridad y calidad en la atención sanitaria.

El segundo, de carácter asistencial, se centrará en mejorar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, así como en la asistencia sanitaria, principalmente dirigido a mujeres migrantes y refugiadas: Educación e información sanitaria, asistencia tocoginecológica, educación sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc.

Para estas actuaciones se contará con los equipos tecnológicos y recursos necesarios y pertinentes con cargo a la subvención concedida.

El contrato ha sido firmado este mediodía en Melilla por el director del INGESA, Alfonso Jiménez Palacios, y por la vicegobernadora del Banco de Desarrollo Europeo, Rosa María Sánchez Yebra, con la presencia de la delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader.

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, por el que se universaliza el derecho a la asistencia sanitaria. Todas las personas, con residencia efectiva en España, tienen el mismo derecho al margen de su situación administrativa, en los términos y condiciones que marca el propio Real Decreto-ley.