Procedimientos a seguir en la adopción internacional: Consideraciones Generales

 En referencia a los procedimientos de tramitación de la adopción internacional en España es preciso distinguir:

    a.     Procedimiento en aplicación del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de mayo de 1993

    b.       Procedimiento con países que no han ratificado el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de mayo de 1993

 

La tramitación de una adopción internacional se inicia en España a partir del ofrecimiento para la adopción formulado por la persona/s interesada/s en la adopción de un menor de origen extranjero.

Este ofrecimiento debe presentarse ante la administración pública competente española en materia de adopción en las diferentes Comunidades Autónomas, iniciándose así un proceso administrativo en España y posteriormente en el país de origen del niño, que puede finalizar con la resolución de adopción, que generalmente es de carácter judicial, aunque en algunos países revista carácter administrativo.
 

Para iniciar la tramitación de ofrecimientos para la adopción con un país, las administraciones públicas competentes en España comprueban, en el ejercicio de su responsabilidad en materia de protección a la infancia :

  • Que la legislación de ese país regula la adopción.
  • Que el país dispone de un organismo competente en materia de protección de menores al que dirigir el ofrecimiento para la adopción para que pueda proceder a su tramitación.
  • Que no exista en el país una situación de inseguridad jurídica grave en la tramitación de adopciones. Para ello, se recaba información de fuentes oficiales y de organismos internacionales de protección a la infancia.

La Ley de Adopción Internacional establece en este sentido que no se tramitarán ofrecimientos para la adopción de menores nacionales de otro país o con residencia habitual en otro Estado en las siguientes circunstancias:

  • Cuando el país, donde el menor tenga su residencia habitual, se encuentre en conflicto bélico o inmerso en desastre natural.
  • Si no existe en el país una autoridad específica que controle y garantice la adopción y que remita a las autoridades españolas la propuesta de asignación  con información sobre la adoptabilidad del menor y el resto de información necesaria establecida en la ley.
  • Cuando en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción, o las prácticas y trámites necesarias para la misma no respeten el interés del menor o no cumplan los principios éticos y jurídicos internacionales.

La Administración General del Estado, en colaboración con las Entidades Públicas, determinará en cada momento qué países están incursos en alguna de las circunstancias anteriores a efectos de decidir iniciar o suspender la tramitación de adopciones en ellos.

En las adopciones internacionales entran en juego dos legislaciones, la española y la del país de origen, por lo que deben cumplirse los requisitos y procedimientos de las dos leyes.

Además, en las adopciones internacionales intervienen los organismos competentes en adopción de dos países, el de los solicitantes y el de origen del niño, correspondiendo a cada uno responsabilidades diferenciadas. Entre las más destacables cabe mencionar:

  • En España, la determinación de la idoneidad de la persona/s que se ofrece para adoptar a un menor.
  • En el país de origen: la determinación de la adoptabilidad de los menores y la conveniencia, en su caso, de la adopción internacional como el recurso más adecuado para cada menor. Asimismo, la asignación de los menores a la persona/s que se ofrece para la adopción que estimen más idóneos.

La presentación de un ofrecimiento para adopción internacional es una petición que se formula a otro país, que no siempre finaliza con la constitución de la adopción ya que se encuentra sometida a los criterios y decisiones de los organismos competentes y de los responsables de las políticas de protección a la infancia de los países de origen de los menores.

 

 

A.     Procedimiento en aplicación del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de mayo de 1993

 

 Este Convenio fue ratificado por España en el año 1995 y es de aplicación en la tramitación de adopciones con los países que también lo han ratificado (ver en el apartado de Normativa -ámbito estatal- información referente al Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional).

Este Convenio se basa en un sistema de cooperación y reparto de responsabilidades a lo largo del procedimiento de adopción entre Autoridades Centrales, de recepción y de acogida de menores adoptados, designadas específicamente para este Convenio en los diferentes países. Tiene como finalidad básica prevenir el tráfico, las irregularidades y los abusos estableciendo medidas que garanticen las adopciones internacionales

El procedimiento establecido conlleva un alto grado de comunicación y cooperación entre las Autoridades Centrales de los dos países implicados en la adopción internacional, poniéndose especial énfasis en las etapas anteriores a la constitución de la adopción. Esto es, la determinación de la adoptabilidad de los menores por parte de los países de origen, la valoración de la idoneidad para adoptar de la persona/s que se ofrece para adoptar por parte del país receptor, y el acuerdo de ambas autoridades en la asignación de un niño/s a solicitantes concretos.

Vías de tramitación de expedientes

Para la tramitación de los expedientes de adopción la persona/s que se ofrecen para adopción pueden utilizar, con carácter general, dos vías.

  • La de las Autoridades Centrales (comunicación entre las Autoridades Centrales de ambos países a lo largo de todo el procedimiento). Según la nueva legislación española, la función de intermediación en la adopción internacional podrá efectuarse por las Entidades Públicas directamente con las autoridades centrales en los países de origen de los menores que hayan ratificado el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993 siempre que en la fase de tramitación administrativa en el país de origen no intervenga persona física o jurídica u organismo que no haya sido debidamente acreditado.
  • La de los Organismos Acreditados para la Adopción Internacional (en adelante: OAA). Estos organismos, según el propio Convenio:
    • Desarrollan funciones de intermediación en adopción internacional.
    • Deben estar acreditados en ambos países, cumpliendo con los requisitos exigidos en la legislación vigente española y del país de origen del menor donde vayan a desarrollar sus actividades.
    • Actúan en el marco fijado en la acreditación otorgada por la administración pública competente.
    • Realizan funciones de intermediación, en España y en el país de origen, a través de sus representantes, hasta la finalización del proceso de adopción.
    • Están sometidos al control y supervisión de las administraciones que las acreditaron.
    • Ofrecen unos servicios de ayuda a las administraciones públicas de ambos países, ya que sirven de nexo de intercambio de comunicación entre ellas, y por supuesto a la persona/s que se ofrece para la adopción en el largo camino de la tramitación de las adopciones. (Ver apartado específico de OAA).

Según la legislación española, la función de intermediación en adopción internacional podrá efectuarse por los OAA. Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de intermediación para adopciones internacionales.

 

 

B.       Procedimiento con países que no han ratificado el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de mayo de 1993

 

 En este caso, los expedientes de adopción sólo podrán tramitarse a través de OAA y el procedimiento es similar al establecido para los países del Convenio de La Haya de adopción internacional.