Dudas acerca de la independencia de la investigación clínica en cáncer

Los conflictos de interés impugnan y caracterizan una substancial proporción de la investigación clínica sobre cáncer que se publica en las revistas de alto impacto. Un reciente estudio publicado en Cancer aporta una cuantificación más precisa sobre el tema

La relación de los investigadores con los que financian esta actividad es objeto de estudio y de debate desde hace mucho tiempo. Dado que una parte muy importante de la investigación está financiada por los fabricantes de la tecnología objeto de estudio —la más importante es la que produce medicamentos— sus relaciones con los científicos han despertado progresivas suspicacias. En principio, se atribuye a los investigadores la capacidad de generar conocimientos sólidos y objetivos, libres de los condicionantes derivados de los intereses de las empresas u organismos que han invertido en la operación. En la medida en que se ha confirmado que, al menos en una parte significativa, los investigadores pueden modular o incluso alterar el resultado final de su actividad debido a la influencia de quien la hace posible, entran en crisis muchas cosas. Una de las más importantes, la confianza de los sujetos que han consentido en participar en los correspondientes estudios y de la ciudadanía en general acerca de la transparencia del sistema científico y sanitario. Además, las relaciones de los investigadores y de los clínicos con la industria no se limitan sólo a la financiación sino que se extienden a las subvenciones por actividades docentes, viajes, pagos por conferencias y compra de acciones.

Hace unos meses, Jagsi y colaboradores ilustraron este problema en Cancer presentando la cuantificación de este tipo de relaciones después de revisar los trabajos publicados en 8 revistas de alto impacto (The New England Journal of Medicine, JAMA, The Lancet, Journal of Clinical Oncology, Journal of the National Cancer Institute, The Lancet Oncology, Clinical Cancer Research y Cancer). Detectaron un 29% de artículos con conflictos de interés, con especial predominio en los departamentos de Oncología Médica y muchas variaciones en función del país, localización tumoral, etc. Destaca el hecho de que se encontró una notable asociación entre tipo de financiación y resultados clínicos positivos, como por ejemplo la supervivencia.

Teniendo en cuenta que la información fue autoreportada por los investigadores en el momento de escribir el artículo, es lógico pensar que el potencial problema puede ser todavía mayor. Igualmente, los trabajos publicados en revistas de menor impacto, por no hablar de los estudios que no se acaban publicando, pueden acusar todavía más unas influencias excesivas o indebidas de los conflictos de interés.

El artículo de Jagsi y colaboradores no aporta posibles soluciones a este estado de cosas, aunque tampoco era su objetivo. Una de las que se apuntan es la progresiva implantación de los registros prospectivos de ensayos clínicos, que permitirían reducir sustancialmente el sesgo de publicación. Sin embargo, aunque puede ser importante que se publiquen todos los estudios que se realizan y que tengan el máximo rigor e independencia posibles, quedarán sin resolver otras cuestiones claves como son la contribución de los organismos públicos a la investigación oncológica, hoy muy escasa, y la priorización de la misma, excesivamente confusa.