Notas de Prensa

La nueva Ley del Tercer sector garantiza la participación real y efectiva de las entidades en la configuración de las políticas sociales

  • Intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados
  • Alfonso Alonso subraya el compromiso del Gobierno con las entidades sociales, a las que ha apoyado económicamente mediante el Plan de Apoyo a las ONG y apoyará a través de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y con esta nueva Ley del Tercer Sector
  • La nueva Ley del Voluntariado es el reconocimiento social y jurídico de una actividad que desempeñan en España alrededor de 6 millones de personas
  • La norma, aparte de fijar los derechos y deberes de las personas voluntarias y de los destinatarios de su actividad, fija unas limitaciones para personas condenadas en delitos contra menores o contra los derechos de la mujer, pues no podrán integrarse en proyectos dirigidos a dichos sectores
  • Tanto la Ley del Tercer Sector como la del Voluntariado son completamente respetuosas con los marcos competenciales en materia de asistencia social atribuidos a las CC AA

13 de mayo de 2015. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha intervenido hoy ante el pleno del Congreso de los Diputados para presentar los nuevos proyectos de ley del Tercer Sector y del Voluntariado, con los que el Gobierno da un paso adelante en la aplicación de su Agenda Social. El ministro ha destacado que con ambas iniciativas se consolida el trabajo de diálogo e interlocución con el tejido asociativo, ya que, entre otras medidas, se garantiza “la participación real y efectiva de las entidades sociales conforme al principio de diálogo civil en la elaboración, desarrollo, aplicación, seguimiento y revisión” de las políticas sociales.

Durante el debate de totalidad, el cual establece el inicio del recorrido parlamentario de los dos proyectos, Alonso ha recordado que la andadura de las entidades sociales por estos años de crisis no ha sido fácil, si bien el Gobierno ha conseguido aliviar la situación gracias a diferentes medidas, como apoyar a las CCAA y entes locales a que pagaran las deudas pendientes con las organizaciones, la inyección de 3.000 millones de euros mediante el Plan de Apoyo a las ONG o la renovación de las subvenciones del IRPF, a las que se dotó de un marco jurídico que aseguraba su funcionamiento frente a “controversias competenciales”. En los últimos tres años, más de 630 millones de euros han llegado a las entidades sociales de toda España debido a dichas subvenciones.

En paralelo a la activación de nuevas medidas fiscales, como elevar del 25 al 30% la deducción por donativos o la exención de pagar el impuesto de sociedades a las organizaciones sin ánimo de lucro cuya facturación esté por debajo de los 50.000 euros, el Gobierno ha logrado crear un clima de diálogo permanente con las entidades sociales, especialmente gracias a la Mesa para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

En este clima de interlocución, según ha recalcado Alonso, el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de Ley del Tercer Sector, que ampara a 30.000 entidades de toda España, es decir, un 2% del PIB y 636.000 puestos de trabajo. “Entidades que siempre han estado presentes a lo largo de las últimas décadas a la hora de hacer frente a las situaciones de exclusión social”, ha señalado el ministro.

Basado en la igualdad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las CCAA en asistencia social, el proyecto se sustenta en tres pilares: configurar un nuevo marco jurídico, reforzar la capacidad del Tercer Sector como interlocutor de la Administración General del Estado y definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito.

Este nuevo marco jurídico, ha explicado Alonso, crece sobre la base de que la actividad de una entidad en ningún caso puede diluir la responsabilidad del Estado”, y a partir de aquí se define el Tercer Sector y se concretan los principios esenciales que han de regir su actividad. El fortalecimiento de su participación se canaliza por dos órganos: el Consejo estatal de ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Sobre la sostenibilidad, Alonso ha afirmado que las entidades disfrutarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos, así como se adecuarán los sistemas de financiación pública sin perder nunca de vista la estabilidad presupuestaria.

El ministro ha subrayado, además, que con el fin de impulsar el contenido y alcance del proyecto, se contempla la aprobación de un Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de dicho texto, y ello con el fin de favorecer la promoción, la difusión y la formación de las entidades, sin obviar los canales de cooperación con el Estado. En dos años, se enviará al Congreso un informe acerca del desarrollo de la Ley.

NUEVA LEY DEL VOLUNTARIADO

La misma apuesta por la participación ha llevado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aprobar la nueva Ley del Voluntariado, un ámbito que ha evolucionado sobremanera desde 1996, año en el que está fechada la normativa vigente. 6 millones de personas desarrollan actividades de voluntariado en España, un 15% de la población, y como ha recordado Alonso, hay nuevos perfiles, nuevas formas de acción y nuevos actores. “Era necesario avanzar con una nueva legislación que respondiera a la dimensión y necesidades de esta forma de participación ciudadana”, ha declarado el ministro.

Durante su intervención ante el pleno del Congreso para presentar este proyecto, el ministro ha recordado cómo la Ley da lugar a un nuevo régimen jurídico de las personas voluntarias y de su relación con la entidad, así como rediseña su contorno, en el que se incluyen otros ámbitos de voluntariado, y no sólo la actividad a escala nacional, sino también internacional. Aquí se recoge expresamente que la acción voluntaria nunca podrá ser causa de la extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio. Además, se incluyen nuevas formas, como el voluntariado paralímpico o el de la protección de animales.

Se regula por primera vez el voluntariado de menores, desde los 12 años, y se introducen restricciones, como que las personas condenadas, en sentencia firme, por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores no podrán participar en programas dirigidos a menores.

Asimismo, desde el respeto a la autonomía de las entidades de acción social, se protege a los destinatarios en supuestos de personas con antecedentes por delitos de violencia de género o doméstica, pues no podrán integrarse en programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes, ni tampoco las personas condenadas por tráfico ilegal de personas y terrorismo.

La administración favorecerá a los trabajadores que adapten o reduzcan su jornada para la ejecución de actividades de voluntariado, y por otro lado, las empresas y las universidades se convierten en nuevos actores. En el caso de las universidades, la Ley indica que podrán desarrollar fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones de voluntariado.

El ministro ha cerrado su intervención con una alusión al respeto competencial del contenido de la norma, que, no sólo eso, sino que además encauza un marco de cooperación entre las administraciones.