Notas de Prensa

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad: “Para el Gobierno, la lucha contra la violencia de género es una verdadera política de Estado”

  • Celebración del V Congreso del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ
  • Susana Camarero demanda continuar con el consenso y la unidad que dieron lugar, hace diez años, a la Ley de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género
  • Considera que la norma ha supuesto la constitución de “un sistema pionero” de protección de las mujeres maltratadas, aunque aboga por seguir trabajando para subsanar algunas “lagunas”, como la defensa de los menores ante esta lacra y la implantación de planes personalizados de ayuda a las víctimas
  • Demanda, además, “firmeza” en la aplicación de medidas que refuercen la protección de los menores frente a una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de tres menores
1 de diciembre de 2014. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado hoy que la lucha contra la violencia de género es para el Gobierno “una verdadera política de Estado”, y por ello, ha apelado a continuar con la unidad y consenso que suscitó hace diez años la Ley de Medidas de Protección Integral, ya que, a su juicio, ha forjado “la base de un sistema pionero de apoyo integral a las mujeres” que padecen malos tratos por parte de sus parejas o exparejas.
 
Camarero ha intervenido en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el V Congreso del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha congregado en el Senado al presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero; al del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y a múltiples representantes de otros ministerios (Interior y Justicia), de las fuerzas políticas y de los órganos judiciales.
 
Tras comenzar su intervención con un recuerdo a las 45 mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia de género, a los tres menores víctimas mortales y a los 33 niños y niñas que se han quedado huérfanos a causa de esta lacra, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se ha detenido en el caso ocurrido la semana pasada en Asturias, donde dos menores fueron asesinados por su padre durante el régimen de visitas. Camarero ha señalado que “la realidad demuestra que los menores no sólo padecen la violencia de género como testigos, no sólo se quedan huérfanos, sino que son víctimas directas de la misma, incluso en ocasiones son asesinados por sus padres para hacer daño a sus madres”.
 
Por ello, Camarero ha demandado “firmeza” en asuntos especiales que contribuyen a la defensa de los intereses de los menores, como en la concesión de órdenes de protección, que es “un instrumento imprescindible para las víctimas”; en la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad de los agresores; y en “la fijación del régimen de visitas”.
 
LA LEY INTEGRAL DE 2004, “EXPONENTE DEL CONSENSO”
 
Hace diez años la unanimidad parlamentaria se cristalizó en la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma que bebe de medidas implantadas antes, como la Ley reguladora de la orden de protección y que salió del Parlamento como “exponente del consenso” de los partidos políticos, en palabras de Camarero.
 
La Ley, según sus palabras, ha formado “la base de un sistema pionero de apoyo integral a las mujeres maltratadas” e introdujo los juzgados especializados de violencia contra la mujer, así como aportó “importantes medidas de protección, apoyo y prevención” en las órbitas penal, civil, sanitaria, social y educativa. Para Camarero, dicha norma “ha conseguido dotar de una enorme visibilidad a esta lacra social, que ha dejado para siempre la esfera privada para incorporarse a la pública”. De hecho, ha concluido, hoy el 98% de los ciudadanos rechaza la violencia de género, un dato arrojado por un reciente estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género e “inviable” hace diez años.
 
Los logros han sido numerosos, por lo que la lucha contra esta lacra debe proseguir con esos mismos grados de consenso y de unidad. El Gobierno así lo pretende, pues se trata de “una verdadera política de Estado”.
 
Con todo, Camarero ha precisado que existen “lagunas”: una de ellas tiene que ver con la protección de los menores; la otra con la relevancia de ofrecer a las víctimas una atención integral y personalizada.
 
La secretaria de Estado ha recordado, en este sentido, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja desde el arranque de la legislatura en dotar a los menores de unos mayores y más eficientes mecanismos de protección, empezando por su mayor visibilización en las estadísticas (se ha añadido al bagaje oficial la tabla de menores huérfanos o el cómputo de los que son asesinados), siguiendo por la actualización del protocolo de actuación contra el maltrato infantil, que introduce iniciativas de atención integral a los menores que padecen violencia de género y sin obviar su consideración como víctimas en la propia Ley o como grupo vulnerable en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, lo que facilita su acceso a los derechos e instrumentos del sistema y su asistencia integral. La reforma de la legislación de protección de la infancia fortalece, además, la protección de los menores desde la esfera judicial.
 
“La sociedad española espera y demanda que actuemos con eficacia, rapidez y rotundidad, protegiendo a las mujeres y a sus hijos y castigando a los agresores; en definitiva, haciendo justicia”, ha afirmado Camarero antes de incidir en abordar los retos que se presentan, como la prevención de la violencia de género en los adolescentes.