Protección patrimonial de personas con discapacidad

Actualmente muchas personas con discapacidad sobreviven a sus progenitores, gracias a las mejoras en la asistencia sanitaria y personal. Pese a los avances sociales, el futuro de sus hijos e hijas con discapacidad constituye una incertidumbre, especialmente cuando no pueden adoptar sus propias decisiones. La disposición de ingresos propios o de un patrimonio que les permitan hacer frente a sus necesidades son objetivos razonables.

La protección patrimonial es un instrumento jurídico de gran interés para personas con una grave discapacidad física o sensorial, o para los progenitores de personas con discapacidad intelectual. Se regula en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad Arxiu pdf. Will open in a new window y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. Mediante la Ley 1/2009 Arxiu pdf. Will open in a new window , se aclara la aplicación de algunas disposiciones de la Ley de protección patrimonial.

Esta Ley establece las condiciones para la constitución y gestión del patrimonio protegido para las personas con discapacidad. La finalidad del patrimonio protegido es atender las necesidades vitales de la persona con discapacidad en cuyo interés se constituye, para lo que determinados bienes quedan vinculados a esas necesidades. Esta Ley designa las personas beneficiarias, los derechos, las condiciones particulares y las ventajas fiscales que supone la constitución de dicho patrimonio.

Se pueden acoger a esta Ley las personas con discapacidad intelectual con grado igual o superior al 33% o con discapacidad física o sensorial con grado igual o superior al 65%.

El patrimonio puede ser constituido por la propia persona con discapacidad (si tiene capacidad de obrar suficiente), los progenitores, tutores/as, cuidadores/as o guardadores/as de hecho y cualquier persona con interés legítimo.

Los bienes y derechos que forman el patrimonio protegido se aíslan del patrimonio personal de la persona titular-beneficiaria y quedan sometidos a un régimen de administración específico. Estos bienes pueden ser muy variados, como dinero o depósitos en cuentas corrientes, seguros, rentas vitalicias, fincas urbanas o rústicas, títulos, acciones, deuda pública, obligaciones, etc.

La constitución del patrimonio se efectúa en escritura pública en notaría por la persona o personas que la proponen. En la escritura se identifica a la persona beneficiaria, los bienes que inicialmente se aportan, y se establecen las reglas que deben aplicarse para su administración, indicando quienes desempeñarán la administración cuando no puede ser efectuada por la propia persona con discapacidad.

Las cantidades aportadas a patrimonios protegidos gozan de determinadas reducciones o exenciones fiscales.

La Ley crea una Comisión de Protección Patrimonial cuya función básica es ser un órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento, regulada mediante Real Decreto 177/2004 Arxiu pdf. Will open in a new window (modificado por Real Decreto 1853/2009 Arxiu pdf. Will open in a new window y por Real Decreto 1146/2012 Arxiu pdf. Will open in a new window ) y conformada por representantes de la AGE y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad. La Comisión asesora al Ministerio Fiscal en las funciones de supervisión de la administración del patrimonio protegido, efectúa estudios, propone iniciativas a la Administración y resuelve consultar sobre normas que incidan en la aplicación de la protección patrimonial.

En el siguiente archivo se puede encontrar una versión sencilla y resumida de las disposiciones fundamentales de la Ley de protección patrimonial Arxiu pdf. Will open in a new window .

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