Junta Arbitral Nacional de Consumo

La Junta Arbitral Nacional de Consumo, constituida por Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo y  adscrita  a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),  es un órgano administrativo de gestión de arbitraje institucional de consumo., que puede resolver litigios nacionales o transfronterizos, derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios de cualquier sector económico, planteados por el consumidor frente a empresas establecidas en España.

Acreditada como ADR, de acuerdo Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y notificada a la Comisión Europea,   por resolución del Presidente de la AECOSAN de fecha 11 de mayo de 2018, siendo incluida en el listado nacional de entidades acreditadas y notificada a la Comisión Europea.

Desde su constitución ha venido prestando un gran servicio a los consumidores y empresarios españoles ayudándoles a resolver sus conflictos, pero sin duda, los años 2013 y 2014 suponen un hito en su historia de al tener que abordar el conflicto de Bankia por la venta de obligaciones preferentes y deuda subordinada,  gestionando y resolviendo más de 133 mil convenios arbitrales.

La actividad de la Junta Arbitral Nacional de Consumo se centra fundamentalmente en  la resolución de litigios de consumo derivados del comercio electrónico, resolviendo solicitudes individuales de arbitraje de los consumidores o usuarios por reclamaciones frente a empresas adheridas al Código ético de confianza on line.

Además de gestionar los procedimientos arbitrales de consumo, tiene atribuidas, entre otras, las siguientes funciones:

  • Fomentar el arbitraje de consumo, procurando la adhesión de empresas y profesionales al Sistema Arbitral de Consumo.
  • Publicitar a las empresas o profesionales adheridos.
  • Gestión del registro de laudos emitidos, cuyo contenido es público, pero respetando la privacidad de las partes.